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La dictadura contra los pensionistas, informe del gobierno de Belaúnde Terry reveló despilfarro de los militares

Más de 30 mil millones de soles de los fondos de la seguridad social, solo de 1974 a 1980, se mal invirtieron y se pusieron en juego en desmedro de los 100 mil jubilados que había a nivel nacional

Investigación ÍTALO SIFUENTES ALEMÁN

PERÚ BICENTENARIO 2/04/2020

Foto: Andina.

La presidencia de la República del Perú publicó en 1981 el primer informe de la historia sobre la situación del sistema de pensiones que funcionaba en el país tras la dictadura de los generales Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez, quienes de facto gobernaron uno luego del otro en total doce años (1968-1980). Es el informe más claro y contundente referido a la seguridad social una vez de regreso la esperada democracia y el bienestar por los peruanos.

Aparte de dicho informe también se realizó el “Primer Censo Nacional de Jubilados de la Seguridad Social”. Aquí vamos a dar conocer las conclusiones y el resultado de ambas informaciones, las que se realizaron durante los primeros meses de gestión del presidente Fernando Belaúnde Terry, quien gobernó el Perú de 1980 a 1985.

En democracia, en 1980, se pudo acopiar, analizar, transparentar y difundir ambas informaciones, las cuales más de 40 años después aquí por primera vez la damos a conocer para las nuevas generaciones. 

En cuanto al resultado de dicho censo, realizado sobre la base de 70 mil de los 100 mil pensionistas que entonces había a nivel nacional, los números se manifiestan solos: “más de 60% tiene problemas de salud, el 40% vive con sus hijos, el 30% con otros familiares, 20% en hospedajes de amigos, 8% solos, y 2% en asilos”.

Ante esta situación, el primer gobierno post dictadura tomó como “primera medida, el 8 de agosto de 1980, nivelar las pensiones mínimas de vejez y jubilación otorgadas al 31 de julio del mismo año, a la suma de 15 mil soles mensuales. En setiembre (se) concedió una bonificación de 6 mil soles a todos los pensionistas del Sistema, y se elevó a esta suma el mínimo de las pensiones de orfandad y a ascendientes”.

Creación del IPSS

En julio de 1980 se creó el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) como institución autónoma del Ministerio de Trabajo, sector al que en 1973 el gobierno militar había asignado previa unificación del Seguro Social Obrero y el Seguro Social del Empleado bajo la denominación de Seguro Social del Perú.

En ese entonces el IPSS, por su norma de creación, pasó a administrar el Sistema Nacional de Pensiones (1990), el Régimen de Accidentes de Trabajo (Ley 18846) y otros regímenes de carácter privativo, como son: Fondo de Retiro del Chofer Profesional Independiente (Ley 16124), Fondo Especial de Jubilación de Empleados Particulares (Ley 17262), Fondo de Derechos Sociales del Artista (Ley 19479), y Fondo de Derechos Sociales del Deportista Profesional (Ley 22241).

Según una de las conclusiones del mencionado informe oficial: “No se llevó en el ex Seguro Social del Perú un adecuado y eficiente control de sus recursos, determinándose por ello el empleo de sus fondos para solventar los egresos de otros entes; tampoco se previó la contabilización de sus reservas técnicas para una correcta aplicación de acuerdo a los fines que le señaló la ley”.

En este citado informe también se puede leer que: “Las reservas técnicas, del orden de los 35 mil millones de soles, en su mayor parte de pensiones, fueron mantenidas casi exclusivamente en depósitos a plazo fijo en el Banco de la Nación, expuestas a la constante pérdida de su valor real, originada por el proceso inflacionario y sin contribuir, en forma efectiva, al desarrollo socio-económico del país”.

En el documento también se agregó:

“Las inversiones que le hicieron de bonos y otros valores, que suman más de 5 mil millones de soles, no estuvieron rodeadas del necesario estudio previo ni se procuró mejorar su rendimiento. Las correspondientes a bienes inmuebles se efectuaron sin prever sistemas administrativos eficientes para asegurar, en los casos de alquiler o de alquiler-venta, la percepción oportuna de su rendimiento y los reajustes periódicos de las cuotas de amortización o de la correspondiente merced conductiva”.

En el informe se revela que:

“Igual situación se presenta en las inversiones efectuadas en propiedades inmobiliarias, que a pesar de construir reservas para el desarrollo de futuros planes, fueron descuidadas en su control y registro, ocasionando que muchas de ellas fueron invadidas o expropiadas para otros fines.

Con cargo a esas reservas técnicas se efectuaron préstamos con garantías insuficientes. Esto ocasiona pérdidas insustanciales en el patrimonio institucional.

Agregase a todo esto, que los bienes inmuebles de alta rentabilidad construidos y/o adquiridos por el Seguro Social del Perú, que se estiman en más de 15 mil millones de soles, fueron destinados a fines diferentes a los previstos; que no se ha efectuado su revalorización y que los alquileres quedaron congelados, con grave perjuicio para la economía de los fondos cuya rentabilidad debieron incrementar”.

En el informe también se explica que, en síntesis hasta 1980, tal era la situación del patrimonio del IPSS, por lo que para hacer frente a la situación uno de las principales objetivos era consolidar el soporte financiero de la institución de la que dependían 100 mil pensionistas.

“Se ha efectuado colocaciones en obligaciones del Banco Central de Reserva, por 2,600 millones de soles, para mejorar la rentabilidad, y se ha invertido parte de dichas reservas, con las debidas garantías, para financiar obras públicas, de modo tal que asegurando un mayor rendimiento, contribuyan al desarrollo socioeconómico del país.”, se detalló en el informe.

Como parte del balance y conclusiones, en el informe se culminó señalando que:

“En el corto período de ejercicio del IPSS, se ha conseguido identificar y definir las deudas del estado, empresas públicas, municipios, cooperativas agrarias de producción azucarera, empresas periodísticas y otros medios de comunicación masiva, pequeños y medianos agricultores, y otros empleadores, que totalizan más de 30 mil millones de soles desde 1974 a la fecha. Todos estos compromisos están en vía de arreglo definitivo y podrán ser cancelados mediante las transferencias de bienes inmuebles, de acciones, de bonos, o con facilidades de pago y otras medidas, que sirvan para que el IPSS recupere los recursos que le corresponden”.

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