martes, septiembre 21, 2021
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Conductas antidemocráticas. ¿Por qué todavía existen partidos caudillistas y los que permiten el ingreso de delincuentes en la política?

Despercudirse de aquellas organizaciones a las cuales la inscripción de partido político les sirve solo para la satisfacción de apetitos individualistas. Foto: Freepik.

Fernando Rodríguez Patrón/Experto en temas electorales 28/10/2018

Nuestra Ley de Organizaciones Políticas regula los mecanismos de acceso y salida de organizaciones políticas a nuestro sistema de partidos. De un lado, establece los requisitos y procedimientos que deben seguirse para la inscripción de un partido político y, de otro, regula los supuestos bajo los cuales un partido pierde su inscripción.

Respecto a los supuestos por los cuales un partido político pierde su inscripción, nuestra Ley señala en primer término que ello ocurre si un partido luego de una elección no obtiene un número mínimo de votos o de congresistas: es lo que se conoce como la valla electoral y umbral de representación. El segundo supuesto regulado requiere previamente de un acto volitivo del propio partido político, el cual debe solicitar su cancelación a través del órgano estatutario autorizado para ello.

Nuestra ley contempla, además, como supuesto de cancelación de un partido político la fusión de dos o más de éstos; además, prevé que las alianzas electorales se cancelan una vez culminado el proceso para el cual se constituyeron.

Adviértase que en términos concretos, el primero de los supuestos mencionados es el único que se verifica en la realidad como causal efectiva de cancelación de un partido, pues desde la creación del Registro de Organizaciones Políticas no se han presentado solicitudes de auto cancelación ni de fusión partidaria, además, en los casos que se canceló una alianza electoral los partidos que la integraban recuperaban su individualidad.

Nuestro legislador estableció un supuesto adicional, el mismo que a diferencia de los anteriores se tramita ante la Corte Suprema y no ante el Jurado Nacional de Elecciones. Se trata de la cancelación de un partido por conducta antidemocrática.

Conviene preguntarnos qué debe entenderse por conducta antidemocrática. Una rápida respuesta nos indicaría, aplicando el  refraseo, que una conducta antidemocrática es aquella que no es democrática, lo que nos obligaría a preguntarnos qué conductas de un partido podrían calificar como no democráticas. La respuesta a esta pregunta nos abre un abanico de posibilidades.

Entendemos que una conducta no democrática sería por ejemplo no participar en los procesos electorales que se convoquen, más aún si la propia esencia de los partidos les demanda su participación política.

Otra conducta antidemocrática consistiría en no practicar periódicamente el ejercicio de la democracia interna para renovar a sus autoridades. Existe un mandato legal que prescribe que cuando menos cada cuatro años los partidos deben renovar a sus autoridades; sin embargo, muchos de ellos no lo hacen, o cuando se practican las elecciones internas éstas son simples pantallas que sirven para eternizar a algunas personas en altos cargos dirigenciales.

Otro ejemplo de conducta antidemocrática podría sería traicionar la confianza ciudadana incumpliendo los planes de gobierno sobre los cuales se articuló la plataforma de campaña e, incluso, con mayor razón, calificaría como conducta no democrática el hecho que las organizaciones políticas se constituyan en simples fachadas de organizaciones dedicadas al crimen organizado. ¿Qué otra cosa se puede pensar cuando el máximo líder de un partido utiliza el cargo para el cual fue elegido para satisfacer sus apetitos personales?

Hemos visto durante años como congresistas, gobernadores regionales y alcaldes distritales son parte del crimen organizado; sin embargo, las sanciones que se han aplicado sólo se han pronunciado en el plano individual a las autoridades electas. El levantamiento de la inmunidad parlamentaria y la vacancia de autoridades sub nacionales sumando al retiro de la credencial respectiva nunca alcanzaron a los partidos que llevaron como candidatos a esas luego autoridades.

Lamentablemente, nuestro legislador no desarrolló el concepto de conducta antidemocrática bajo los lineamientos expuestos, limitándolo quizás en atención al contexto histórico en el cual se aprobó (año 2003), a los casos de terrorismo y narcotráfico. Es entonces que partidos abstencionistas, caudillistas y que permiten el ingreso de delincuentes en la política siguen existiendo.

Dado que normas legales como la Ley de Organizaciones Políticas fueron el resultado del contexto político en cual se aprobaron y de esto han pasado ya quince años, resulta evidente que este contexto ha variado, por tanto se justifica una redefinición legal del concepto de conducta antidemocrática. Solo así, el sistema de partidos podrá despercudirse de aquellas organizaciones a las cuales la inscripción de partido político les sirve solo para la satisfacción de apetitos individualistas.

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