sábado, julio 31, 2021
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La orden presidencial fue destruir al Callao “por ser un pueblo que asilaba a los enemigos”

Se consideró que destrucción era un desagravio para la naciente república peruana

Por decretos de San Martín en 1821 y de Torre Tagle en 1822 las casas debían ser demolidas

El Callao en sus inicios republicanos tuvo finas construcciones donde moraban las clases altas de dicha jurisdicción del litoral. Foto: Andina.

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PERÚ BICENTENARIO

Hay un fragmento de la historia del Callao que la mayoría desconoce. Hasta ahora buena parte sabíamos que su autonomía política fue reconocida el 20 de agosto de 1836, es decir durante el gobierno del Supremo Protector de la Confederación Perú Boliviana, general Andrés de Santa Cruz,  y que fue recién el 22 de abril de 1857 en que el presidente Ramón Castilla la promovió a la categoría de Provincia Constitucional.

Para conocer más antecedentes históricos de esta jurisdicción, aquí presentamos la transcripción de un documento que data del 23 de marzo de 1822, es decir 14 años antes que por primera vez fuera reconocida como provincia. Es un decreto firmado en el Palacio del Supremo Gobierno por el Supremo Delegado del Perú, José Bernardo de Tagle, más conocido como Torre Tagle en los libros de historia.

Según este decreto de 5 artículos que sacamos a la luz, el Callao debía ser destruido por asilar a los realistas, toda vez que los castillos del Real Felipe se mantenía tomado por las fuerzas militares imperiales españolas en esos años que se luchaba a sangre y fuego por la libertad del Perú, el cual se mantenía preso unos tres siglos a causa del imperialismo español.

Primero el bien público

La orden de demolición “de todos los edificios situados bajo los fuegos de la fortaleza de aquella plaza” ya se había dado el 25 de octubre de 1821, es decir apenas tres meses después de proclamada desde Lima la independencia del Perú por el general José de San Martín con la participación de miles de patriotas de todas partes de la naciente república, incluidos los habitantes independentistas del Callao.

Entre los argumentos esgrimidos por este decreto de 1822 figura que “era ya tiempo de subordinar al bien público el interés de un corto número de propietarios, y la justicia reclamaba se desagraviase el Perú, haciendo desaparecer a un pueblo que había sido el asilo de sus más implacables enemigos”.

A continuación, se podrá conocer por qué pese a la orden dada en 1821 el Callao no fue destruido, no obstante que el gobierno de Torre Tagle al año siguiente decretó igual medida señalando que “solicitudes de los mismos propietarios, y la suma consideración dispensada al comercio, han retardado la ejecución de aquella medida”.

Según el primer artículo del decreto de 1822 “los propietarios continuarán la demolición de las casas de la población del Callao por sí, en los mismos términos que designa el Supremo Decreto de 25 de octubre pasado, debiendo dejar en pie todas las barracas, que el Director General de Marina creyese útiles para almacenaje”.

Para más detalle, leamos el decreto completo, el cual por primera vez se presenta aquí para conocimiento de los amantes de la historia:

“Un grande objeto nacional movió al Supremo Protector a ordenar en decreto de 25 de octubre del año pasado la demolición del pueblo del Callao y de todos los edificios situados bajo los fuegos de la fortaleza de aquella plaza.

La población se había levantado con la condición de ser destruida, cuando la defensa de los castillos así lo exigiese: era ya tiempo de subordinar al bien público el interés de un corto número de propietarios, y la justicia reclamaba se desagraviase el Perú, haciendo desaparecer a un pueblo que había sido el asilo de sus más implacables enemigos, pero solicitudes de los mismos propietarios, y la suma consideración dispensada al comercio, han retardado la ejecución de aquella medida.

Se trata ahora de adoptar un medio que sin frustrar los efectos del citado decreto, consulte la protección de los traficantes, la utilidad del Estado, y al de los dueños de las principales fincas comprendidas en la demolición.

Con este fin

El Supremo Delegado, he acordado y decreto:

Los propietarios continuarán la demolición de las casas de la población del Callao por sí, en los mismos términos que designa el Supremo Decreto de 25 de octubre pasado, debiendo dejar en pie todas las barracas, que el Director General de Marina creyese útiles para almacenaje.

El Gobierno se compromete a pagar religiosamente el interés de un 3 por ciento sobre el valor en que fuesen tasadas por peritos las barracas que quedaren en pie, por todo el tiempo que estuviesen a cargo del Estado, reservándose a sí la facultad de aplicarlas en arriendo del modo que crea más conveniente, en cuyo caso se declara la preferencia de los dueños en igualdad de propuestas de otros interesados.

El Director General de Marina pasará al Ministerio de Hacienda una relación circunstanciada del número de barracas de que recibe el Estado, de sus tasaciones, y del valor de sus arriendos.

Los tambos o bodegones de las mismas barracas serán servidos por patriotas, y para la mayor abundancia del mercado se permitirá la construcción de casillas de madera sobre ruedas, en las que puedan establecerse cantinas sujetas a una contribución mensual, del mismo modo que las barracas, con proporción a su principal y capacidad.

EL Director General de Marina queda autorizado plenamente, para hacer cumplir este decreto y para establecer la policía interior de la población, de modo que asegure el orden, facilite los abastos, e impida el contrabando.

Comuníquese por el Ministro de Estado en el departamento de Marina a quienes corresponda:

Dado en el Palacio del Supremo Gobierno en Lima a 23 de marzo de 1822.

Firmado: Torre Tagle”.

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