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En 1821 emitieron ley que quitaba derechos ciudadanos a los que vendían o compraban votos

Investigación ÍTALO SIFUENTES ALEMÁN 24/06/2021 

Un documento de 1821 sale aquí a la luz y revela lo drástico que, hace dos siglos, se era con los peruanos de nacimiento o extranjeros naturalizados ante situaciones de corrupción.

Se trata de un decreto con los derechos y deberes de los peruanos que al respecto emitió. el 4 de octubre de 1821, el libertador José de San Martín, norma también rubricada por el colombiano Juan García del Río, ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores en el Perú. La norma entró en vigencia apenas tres meses después del 28 de julio de 1821, fecha en que se proclamó la independencia del Perú.

Ese año, las autoridades creyeron necesario legislar cuándo deberían perderse o suspenderse los derechos ciudadanos. Entre las causales invocadas figuran 1) el estar loco, 2) con demencia, 3) estar separado de la mujer sin haberse divorciado, y 4) no haber cumplido con honrar las deudas con el Estado. 

La naciente república peruana se cuidó de protegerse  condenando también a la pérdida de la ciudadanía  a los peruanos que recibían dádivas o distinciones personales de gobiernos extranjeros sin la autorización de las autoridades del Perú.

Igualmente, en 1821 se castigaba con la pérdida de los derechos ciudadanos a la persona que era encontrada culpable de haber vendido o comprado votos participando en alguna asamblea popular para una elección.

A continuación, la transcripción textual de la norma en lo concerniente a este aspecto del decreto (en total fue promulgado conteniendo tres secciones y 14 artículos).

Se dispone:

Se pierde el derecho de ciudadano:

  • Por hacer algún acto hostil a la causa de la independencia de América.
  • Por recibir dádivas, emolumentos, comisiones, empleos, títulos o distinciones personales, o hereditarias de cualquier potencia extranjera sin anuencia del gobierno del Perú.
  • Por haber sido convencido, y condenado en juicio de haber comprado sufragios, o vendido el suyo el suyo en alguna de las asambleas populares.

Se suspende el ejercicio de los derechos del ciudadano:

  • Por haber sufrido una pena aflictiva, o infamatoria hasta la rehabilitación.
  • Por hacer el contrabando.
  • Por estar loco, furioso o demente.
  • Por no haber satisfecho al Estado, o a los particulares a su tiempo cualquiera deuda que conste de documento escrito.
  • Por no vivir los casados con sus mujeres, sin haber entablado juicio de divorcio.  

Dado en Lima, el 4 de octubre de 1821, José de San Martín, Juan García del Río”. 

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